Como no podía ser de otro modo, y como ya fue anunciado a bombo y platillo en su programa electoral, tras ganar las elecciones de 2011, el Partido Popular presenta una reformar a la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos del año 2010, más en sintonía con su ideología.

Las legislaciones en materia de reproducción sexual nunca están exentas de polémica, ya que siempre entran en colisión con consideraciones de índole moral o ética. Desde que la reforma fuera anunciada se han sucedido manifestaciones en contra de la misma: activistas de Femen irrumpieron en el Congreso al grito de “aborto es sagrado”, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz nos reveló que “el aborto tiene algo que ver con ETA”, y Beatriz Escudero, diputada del PP, exponía en el Parlamento que el aborto es patrimonio de “mujeres analfabetas y sin estudios”.

El martes pasado el tema volvió al candelero con las declaraciones de nuestro flamante ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien aseguraba que el anteproyecto de reforma de la ley del aborto “está sustancialmente hecho” a falta de “los últimos matices” y que su intención es que vea la luz antes de que acabe la primera mitad de la legislatura, esto es, en los próximos días o semanas, poniendo así fecha a una reforma aplazada ya en cuatro ocasiones; un parto largo. Por eso, aprovechando que el debate está abierto, he decidido escribir este post y lanzar una docena de consideraciones sobre esta cuestión:

1. Regulación en España

Como ya he expuesto, Alberto Ruiz Gallardón, en otros tiempos progre del PP, ha confirmado que finalmente se modificará la actual ley del aborto, aprobada en 2010, eliminando el sistema a plazos y volviendo al modelo que figuraba en la ley de 1985.

Por si algún lector anda perdido, la ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero establecía, por segunda vez en la historia legislativa de España tras un corto período durante la Segunda República, la despenalización del aborto; esto es, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Contemplaba el aborto libre hasta las 14 semanas. A partir de entonces, y hasta la semana 22, podía practicarse sólo en caso de violación, de observarse malformación en el feto o peligro para la salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo está permitida si un comité médico determinaba la existencia de una malformación grave o incompatible con la vida.

La principal diferencia, al margen de los plazos y facilidades para realizar de forma segura este tipo de intervenciones, es el concepto de despenalización y derecho. La ley de 2010 despenalizaba el aborto, es decir, contemplaba el derecho al mismo en unos supuestos concretos. Lo que pretende ahora el Gobierno de Mariano Rajoy es cambiar esta ley de plazos por una de “supuestos”, de modo que el aborto sea un delito excepto en casos concretos, entre los que parece que no se va a encontrar la malformación del feto. En definitiva, la actual ley acaba con el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

2. Situación internacional

La gran mayoría de países europeos tiene legislaciones que combinan plazos con indicaciones. La más amplia es Holanda, que garantiza el aborto libre dentro de las primeras 24 semanas de gestación, y luego los plazos varían entre las 10 semanas de Portugal, los 90 días de Italia, las 12 semanas de Alemania, Francia, Grecia, Bélgica o Bulgaria, las 14 de Rumanía, o las 18 de Suecia.

Los estados con leyes más restrictivas son Malta (único país europeo en el que el aborto está prohibido en cualquier supuesto), Irlanda y Polonia, por delante de los cuales se situaría España de aprobarse finalmente la nueva legislación.

En Estados Unidos, donde una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 garantiza el derecho al aborto durante el primer trimestre, fallos posteriores han permitido que los estados aprueben regulaciones propias al respecto siendo algunas de ellas muy restrictivas. Barack Obama, criticó duramente estas leyes restrictivas durante un discurso ante la conferencia anual de la Federación de Planificación Familiar Americana en el mes de mayo. “Después de décadas de progreso hay quienes quieren hacer retroceder el reloj a políticas más adecuadas a la década de 1950 que del siglo XXI”, señaló, para continuar defendiendo el derecho de las mujeres a decidir: “Después de que el Tribunal Supremo declarara constitucional vuestro derecho a decidir, no deberíamos recordar a la gente que cuando se trata de la salud de las mujeres, ningún político debería decidir qué es lo mejor para vosotras”.

América Latina y el Caribe tienen la tasa mundial más elevada de abortos inseguros, seguido de cerca por el continente africano. En Latinoamérica sólo Cuba, Guayana, México DF y Uruguay, tienen legislaciones que permiten el aborto libre dentro de un número determinado de semanas de gestación, mientras que en Chile, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador está prohibido en cualquier caso.

leyes aborto en el mundo

3. Terminología: proabortistas vs. pro-vida

Antes de profundizar sobre esta cuestión, me parece interesante presentar las dos posturas enfrentadas en el debate y comentar las acepciones específicas y el uso ideológico del lenguaje en este campo de batalla.

La ideología liberal ha extendido la utilización del término “proabortistas” para denominar la postura favorable al derecho al aborto, vocablo que es implícitamente descalificativo. Más aún si tenemos en cuenta que quienes están en contra del aborto, se denominan con el término “pro-vida”, ya que la defensa a la vida y a la familia se han convertido en territorio ideológico de la derecha, a pesar de lo cual la izquierda, los denomina “anti elección”.

En estos dos extremos están quienes abogan por la libre maternidad y anteponen el derecho a la decisión de la madre de interrumpir un embarazo no deseado (sean cuales sean las causas que motiven esa decisión), frente a quienes optan por el derecho a la vida del feto.

4. Datos estadísticos en España

Para centrar más el debate y comprender el alcance de unas medidas que afectan a un gran número de mujeres, os dejo esta tabla, confeccionada por el Ministerio de Sanidad, en la que se analizan las cifras y la evolución del número de abortos en España en los últimos años.

Año Centros notificadores de I.V.E. Total I.V.E. Tasa por 1.000 mujeres
2011 172 118.359 12,44
2010 146 113.031 11,49
2009 141 111.482 11,41
2008 137 115.812 11,78
2007 137 112.138 11,49
2006 135 101.592 10,62
2005 134 91.664 9,6
2004 133 84.985 8,94
2003 128 79.788 8,77
2002 124 77.125 8,46

Como se desprende de la tabla, las tasas de aborto se han incrementado levemente cada año en la última década hasta 2009, en que hubo una pequeña reducción. Por tanto, las tasas no se correlacionan significativamente con gobiernos conservadores o progresistas.

5. Argumentos anti-elección

La piedra angular de las posturas pro-vida, se centra, valga la redundancia, en proteger el derecho a la vida del no nacido, cuestión que suscita miles de polémicas posteriores como qué se considera vida o si es o no un embrión vida, dejando al margen consideraciones importantes como la decisión personal que supone ser madre y la elección de la mujer sobre su propia maternidad y su cuerpo.

Esta postura defiende que el derecho a la vida del no nacido es absoluto y predomina sobre cualquier otro, lo que no concuerda con los principios filosóficos ni jurídicos de las sociedades modernas. Aunque el feto sea un ser vivo, no es jurídicamente una persona. La condición de persona y el derecho a la vida no se adquieren en el momento de la concepción, sino en un momento posterior del desarrollo: la condición de persona al nacer, y el derecho a la vida probablemente en relación a su viabilidad fuera del seno materno. Además, este argumento, olvida deliberadamente que el derecho individual de toda mujer es incuestionable. El embrión no aparece en el vientre de las mujeres por generación espontánea, dicen; hace falta un consentimiento sexual previo. Pero hay un debate más profundo que subyace, que es el derecho a decidir.

En el conflicto de intereses existentes entre la mujer gestante y el embrión, los derechos ciudadanos que se reconocen a las mujeres son fundamentales y no se pueden poner al mismo nivel que los del ser por nacer, por muy importantes que sean. Y esos derechos fundamentales de las mujeres lo son independientemente de estar o no embarazadas. Derechos que, por cierto, se protegen en la Constitución de este Estado que se declara aconfesional.

6. Factores para su legitimación

El aborto, no es sólo una cuestión legal sino también legítima. La defensa de este derecho, tiene poco que ver con la legalidad. Tiene que ver con el derecho esencial de la mujer a disponer de su propio cuerpo, y de decidir si quiere o no ser madre. La decisión de la maternidad es un derecho legítimo que no debería estar sometido a procesos de carácter legal, y que debe descansar sobre la libertad de elección de cada mujer: antes de convertir a las mujeres en madres por algún tipo de ley natural, habría que hablar de las desigualdades de género, de la resocialización de la educación y de los permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo.

Dada la estrecha relación física que existe entre la mujer embarazada y el feto, cualquier argumento contra el aborto voluntario (ya sea para prohibirlo o limitarlo) que no tenga como fundamento la voluntad y la salud de la embarazada, atenta contra el derecho a decidir. La penalización del aborto implica también un sesgo discriminatorio por sexo y clase: hay un sesgo por razón de sexo que resulta evidente, al ser las mujeres quienes nos quedamos embarazadas, pero hay también un sesgo condicionado por clase social, del que hablaré a continuación.

7. Discriminación

Es evidente que las mujeres que hayan decidido abortar, no van a dejar de hacerlo porque el gobierno haya decidido prohibirlo. Sin embargo, lo que seguro que logrará esta ley nueva, será, además de reducir el número de abortos en las estadísticas, aumentar las diferencias entre mujeres: unas podrán pagarse una intervención en el extranjero, mientras otras abortarán en condiciones clandestinas, y peligrosas. Las mujeres con menor capacidad económica, tienen más posibilidades de tener un aborto que las mujeres más acomodadas. Por ello, en la actual situación de empobrecimiento progresivo de la población, no podemos pasar por alto las dificultades de acceso a las medidas preventivas y al aborto. Si este gobierno quisiera reducir los embarazos no deseados y por ende el número de abortos, debería invertir en educación sexual y garantizar un fácil acceso a los métodos anticonceptivos, digo yo, en vez de criminalizar la elección de la mujer de no convertirse en madre.

En el momento en que se empiezan a debatir aspectos morales o teológicos sobre el derecho de un feto, se olvida el punto cardinal de este debate: una legislación más restrictiva en materia abortiva no logra disminuir el número de abortos; lo que logra, es la disminución de las garantías legales y sanitarias de miles de pacientes. Los estudios demuestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo en países con leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en exceso, mientras la diferencia en el número de intervenciones inseguras sí es muy significativa.

Restringir el acceso al aborto es una manera discriminatoria de entender la sexualidad y la autonomía de las mujeres, incompatible con el avance de una sociedad democrática, que no se corresponde con la concepción de la mayoría de la población.

tasas aborto

8. El papel de la mujer

Además de lo hasta aquí expuesto, es importante recalcar que esta ley supone un importante retroceso de los derechos de la mujer; que nos devuelve a los mismos años ochenta en los que el padre de nuestro ministro de justicia, José María Ruíz Gallardón, la emprendía contra la ley del Aborto de Felipe González.

La penalización del aborto implica una vuelta al paternalismo, a la tutela de la mujer por personas ajenas a su vida y a la cesión de derechos sobre su propio cuerpo. La reproducción de estereotipos sexistas como el vincular ser mujer con ser madre, responde a los deseos de la jerarquía eclesiástica y los sectores más fundamentalistas, conservadores y reaccionarios de la sociedad, y no a una necesidad social. Y es que el cuerpo de las mujeres es uno de los lugares donde más se reflejan las desigualdades de género, las opresiones y el control, razón por la cual el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos ha sido siempre caballo de batalla del movimiento feminista.

Las mujeres somos las primeras que defendemos el derecho a tener un hijo en condiciones de dignidad. Y por esa misma razón también somos las defensoras del derecho al aborto. Esta ley lo único que hace es ponerlo más difícil, limitar nuestra autonomía y mantener las desigualdades.

9. Legislación con componentes ideológicos

La nueva legislación sobre el aborto no nos llega, como cabría esperar, impulsada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, sino por el Ministerio de Justicia. Y ello porque la reforma no tiene como objetivo velar por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sino sancionar y criminalizar a quienes practiquen una IVE, así como a aquel personal sanitario que colabore en dicho acto.

La nueva ley que promulgará el Partido Popular es una ley ideológica propia de posiciones conservadoras y fundamentalistas (además de electoralista) que responde al intento de contentar a los sectores más conservadores del electorado. Pero además, y por encima de todo, se trata de una ley innecesaria que no pretende dar respuesta a un problema o una preocupación de la ciudadanía, sino imponer a las mujeres una realidad según sus propias ideas.

Entiendo que es prácticamente imposible que haya un consenso en cuanto a la redacción de una ley de interrupción del embarazo que satisfaga todas las posturas, por ser una materia controvertida en sí misma, en la que confluyen además muchas consideraciones. Ahora bien, que “las leyes ideológicas como esta pueden modificarse cuando cambie el Gobierno sin necesidad de suscitar consenso alguno”, como ha manifestado el ministro Gallardón, genera un clima de inseguridad jurídica carente de estabilidad que no debe tolerarse. Conviene no olvidar que el aborto es un problema de salud pública, con implicaciones asistenciales y jurídicas, cuya legislación no debe estar basada en consideraciones morales, políticas o religiosos, sino éticas y deontológicas, que traten de enfrentar un conflicto social que necesita ser vertebrado.

10. 28S: día por la Despenalización del Aborto

La Campaña del 28 de septiembre, fecha emblemática propuesta en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 1990 en la ciudad de San Bernardo (Argentina), se viene celebrando desde entonces como como jornada de reivindicación anual por el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo no deseado, en condiciones de seguridad y legalidad.

La Campaña 28 de septiembre pugna por la construcción “de una sociedad democrática donde las mujeres decidan sobre sus cuerpos y proyectos de vida, donde sus decisiones sean respetadas y los Estados generen las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos”. Sus objetivos incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal y a la privacidad personal; la dignidad humana, libertad y justicia; igualdad y no-discriminación.

En España, gran cantidad de convocatorias feministas circularon ya por las redes sociales calentando motores para las protestas llevadas a cabo con posterioridad por la reforma pretendida por el Ministro de Justicia, con objeto de visibilizar y denunciar la injusticia social que supone la prohibición del aborto en muchos países, y denunciar la restrictiva reforma.

11. Informes organismos internacionales

Tal y como se expone en el argumentario “Decidir nos hace libres”, son varias las conferencias internacionales que sustentan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, configurando bases jurídicas reconocidos en leyes nacionales e internacionales sobre el derecho a decidir libremente el tener o no hijos, el número de hijos que se desea tener y el intervalo entre ellos. Es dentro de este derecho a decidir y controlar la propia fertilidad en el que se enmarca la opción del aborto. Estas conferencias internacionales establecen la responsabilidad de que los gobiernos que las han refrendado las cumplan. Entre ellas cabe citar, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), El Cairo 1994; la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995; y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-criminación contra la mujer (CEDAW), 1996.

El Gobierno español, comprometido con los acuerdos adoptados en estas Conferencias, no puede legislar en base a una moral concreta sino que tiene que preservar que lo que para algunas personas es pecado no se convierta en delito para el resto. Paralelamente y de acuerdo a los mismos compromisos, debe garantizar que, en un Estado aconfesional y democrático, las políticas públicas no reciban injerencias de ninguna moral religiosa, en particular las de educación, salud y justicia.

12. Despedida y cierre

Quiero concluir esta docena recalcando que abrir un resquicio a una reforma que pueda hacer retroceder esta ley, es abrir la puerta a consecuencias trágicas para el papel de la mujer en nuestra sociedad: supone criminalizar la imagen de la mujer por no elegir una maternidad que no quiere, es abrir la puerta a la penalización de las clínicas y los médicos que practiquen abortos, es volver nuevamente a la época de los viajes a Londres para quien pueda permitírselo. Pero sobre todo, es abrir la puerta a abortos clandestinos, peligrosos y ausentes de cualquier garantía sanitaria. ¿Le queda a alguien ganas de hablar de violencia estructural?

Comienza un artículo de José Ezequiel exponiendo lo siguiente: La reforma del aborto que proyecta Ruiz Gallardón confunde moral pública y moral privada. Se pregunta este señor, por qué nos cuestionamos si es o no correcto que una mujer aborte, cuando deberíamos preguntarnos si es adecuado que el Estado obligue a dar a luz. Y es que efectivamente, la autonomía reproductiva de la mujer se traduce en la posibilidad de decidir libre y responsablemente si opta por la maternidad o no, cuándo y con quién, o si interrumpe un embarazo no deseado. El aborto es una decisión personal que debe respetarse en base al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, y que no debería ser objeto de debate de ningún ministro de justicia.

La reducción del número de abortos debe pasar por aumentar las políticas de prevención, asistencia sanitaria y planificación de recursos para atender a las mujeres y adolescentes ante un embarazo no deseado, y no mediante la limitación de derechos.

Nadie aborta por placer, y el derecho sobre la interrupción de una mujer a su embarazo es uno de los pocos derechos a los que ninguna mujer quiere enfrentarse.

Foto destacada vía Shutterstock.


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Andrea Navazo

Sobre Andrea Navazo


Abogada mercantilista y domadora de unicornios azules. Un día cogí un tren que salía de Bilbao y me trajo a este blog.